La reciente entrada en vigor de la Ley de la Vivienda 2023 en mayo ha generado una serie de consecuencias que afectan significativamente a varios actores clave en el sector inmobiliario en España.
Estos efectos negativos, lejos de brindar la tan esperada estabilidad y equidad en el mercado de alquiler de viviendas, han desencadenado una serie de preocupaciones y desafíos en diferentes áreas. Debido al gran impacto que esto puede tener en la sociedad española, se trata de un tema del que vale la pena estar bien informado.
Ámbitos en los que se van a percibir los efectos negativos de la Ley de la Vivienda 2023
A continuación, examinaremos los principales ámbitos en los que se perciben estos efectos adversos de la Ley de la Vivienda 2023, de manera que puedas estar informado y, a la vez, prepararte para las posibles consecuencias que podría tener para ti:
Dificultades para constructores y promotores
La imposición de reservas de suelo del 40% para viviendas protegidas y del 20% en las reformas en suelo urbanizado, con la obligación de destinar el 50% de estas reservas al alquiler protegido, está planteando graves desafíos a los promotores y constructores.
Sucede que estas restricciones dificultan la rentabilidad de las promociones inmobiliarias, lo que podría llevar a una disminución significativa de la actividad promotora o a un aumento en los precios de las viviendas para compensar estas limitaciones.
Además, las colaboraciones público-privadas entre Administraciones Públicas y empresas inmobiliarias se ven amenazadas, ya que muchas de estas asociaciones podrían no ser rentables debido a las restricciones impuestas por la ley.
Menor seguridad jurídica para los inversores
La inseguridad jurídica creada por la Ley de la Vivienda 2023 ha ahuyentado a numerosos inversores que antes se dirigían al mercado de alquiler de viviendas para obtener rentabilidad.
Esta incertidumbre legal ha llevado a muchos de ellos a buscar alternativas más seguras o a dirigir sus inversiones hacia el mercado de compraventa de propiedades. Como resultado, la oferta de viviendas en alquiler está disminuyendo, lo que a su vez genera un constante aumento en los precios de los alquileres, afectando a inquilinos y arrendadores por igual.
Complicaciones para los arrendadores
Los arrendadores se han convertido en uno de los grupos más perjudicados por esta normativa, puesto que la ley les ha asignado una función social que no les corresponde, específicamente el acceso a la vivienda para las clases más desfavorecidas.
Esto ha llevado a una fuga de arrendadores hacia otros mercados, como la compraventa o tipos de alquileres con menos limitaciones y riesgos. De igual manera, la proliferación de problemas como la okupación y la inqui-okupación, para los cuales la nueva ley no proporciona soluciones efectivas, ha generado un clima de inseguridad aún mayor.
A esto también hay que sumar que la nueva normativa legal introduce limitaciones en las actualizaciones de rentas, lo que ha llevado a los arrendadores a repercutir gastos adicionales en los arrendatarios, lo cual a su vez contribuye al aumento constante de los precios de alquiler.
Nuevos retos para las agencias inmobiliarias
Esta nueva normativa legal también prohíbe a las agencias inmobiliarias cobrar honorarios a los inquilinos por la gestión y formalización de alquileres. Esta medida ha tenido tres impactos inmediatos. En primer lugar, los costes han sido trasladados a los arrendadores. Estos, a su vez, han aumentado las rentas, lo que ha resultado en un constante incremento en los precios del alquiler.
En segundo lugar, los arrendatarios se han visto en una situación de indefensión al no tener profesionales independientes que les asesoren sobre la legalidad de las operaciones de alquiler.
Por último, algunas agencias inmobiliarias que se centraban en el alquiler se han visto forzadas a cerrar debido a la prohibición de cobrar honorarios. Esto ha generado un impacto en la oferta y la disponibilidad de viviendas de alquiler.
Mayores inconvenientes para los abogados
Las nuevas regulaciones también afectan a los abogados, sobre todo en lo que respecta a los procedimientos de desahucio. Los requisitos para iniciar estos procedimientos en casos de inquilinos vulnerables se han vuelto considerablemente más complicados, con normativas procedimentales confusas y ambiguas.
Además, la ley se suma a una serie de cambios normativos que han ocurrido a lo largo del tiempo, haciendo que los abogados tengan que lidiar con múltiples normativas vigentes según la fecha de celebración de los contratos de arrendamiento, lo que complica aún más su trabajo y genera incertidumbre.
Incremento de las primas de los seguros
Cualquier compañía de seguros que tenga que cubrir el riesgo de impago de rentas y los costes de procedimientos de desahucio de los arrendadores se enfrentará a un aumento considerable del riesgo. Específicamente, este incremento del riesgo se traduce en primas más altas, que los arrendadores finalmente trasladarán a los inquilinos, lo que contribuirá aún más al aumento de los precios de alquiler.
